En varias ciudades sudafricanas, entre ellas Johannesburgo y Ciudad del Cabo, grupos de manifestantes incendiaron vehículos y saquearon comercios que, según los agresores, estaban vinculados a migrantes de países vecinos. Las imágenes mostraron llamas que consumieron fachadas de tiendas y la intervención de la policía, que intentó contener la masacre pero fue superada por la magnitud de la muchedumbre.
Las autoridades declararon estado de emergencia en los distritos más afectados y desplegaron unidades de la Policía Nacional para restablecer el orden. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos denunciaron que los ataques fueron motivados por discursos xenófobos difundidos en redes sociales y por la falta de una política migratoria clara.
El presidente Cyril Ramaphosa condenó los hechos y prometió una investigación exhaustiva, al tiempo que anunció la revisión de la legislación migratoria para evitar futuros brotes de violencia. Sin embargo, líderes de la oposición advierten que la respuesta del gobierno podría ser insuficiente si no se abordan las raíces socio‑económicas del resentimiento contra los migrantes.
Los incidentes dejaron al menos 12 personas heridas, 30 detenidos y una creciente ola de temor entre la población migrante, que teme represalias y desplazamiento. La comunidad internacional ha llamado a Sudáfrica a proteger los derechos humanos de todos los residentes, independientemente de su origen.
