El sábado 2 de octubre se registraron más de cincuenta manifestaciones simultáneas en ciudades españolas, desde Madrid hasta Barcelona y Sevilla, en demanda de una respuesta urgente a la creciente crisis de vivienda. Los manifestantes, organizados por sindicatos y colectivos de inquilinos, portaban pancartas que exigían la aprobación de un paquete de medidas de alivio que el Congreso había rechazado la semana anterior.
En la capital, cientos de miles de personas se congregaron frente al Congreso y en la Puerta del Sol, bloqueando vías principales y entablando diálogos con autoridades locales. En otras ciudades, como Valencia y Bilbao, se produjeron ocupaciones simbólicas de edificios vacíos para denunciar la escasez de alquileres asequibles.
El Gobierno, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, sostuvo que el proyecto de ley de alquileres no era viable fiscalmente y prometió revisar la propuesta. Sin embargo, la magnitud de la movilización ha generado temores de que la falta de acción pueda traducirse en un aumento de la conflictividad social y en la pérdida de apoyo electoral del Partido Socialista.
Expertos advierten que la crisis de vivienda, alimentada por la especulación inmobiliaria y la escasa oferta de viviendas sociales, podría desencadenar un escenario de mayor polarización política, similar al de otras democracias europeas donde la cuestión habitacional se ha convertido en un punto de inflexión electoral.
