La guerra híbrida combina herramientas militares limitadas con ciberataques, campañas de desinformación, sabotaje de infraestructura y presión económica, buscando debilitar a un país sin cruzar el umbral de una guerra declarada.
Rusia es señalada habitualmente por operaciones de este tipo contra países europeos —desde ciberataques hasta sabotajes de cables submarinos—, y el concepto también se aplica a las tácticas de actores no estatales como Hezbolá o los hutíes.
Los ataques contra la infraestructura de Starlink en Europa, que no causaron daños graves al servicio, provocaron la emisión de órdenes de captura contra dos ciudadanos alemanes y reavivaron la preocupación sobre la seguridad de los sistemas de comunicaciones críticos en la región.
Los testimonios indican la existencia de redes de resistencia que colaboran con Kiev, lo que complica la seguridad interna de Rusia y abre nuevas líneas de conflicto encubierto
La acusación de Volodímir Zelenskyy de que Rusia busca apagar la electricidad y la calefacción a la población civil ucraniana intensifica la presión humanitaria y destaca una nueva táctica de guerra híbrida, lo que podría provocar una respuesta internacional y mayor apoyo a la defensa ucraniana.
El juicio, iniciado el 14 de octubre de 2026, podría sentar un precedente legal sobre la responsabilidad de actores estatales y no estatales en ataques a infraestructuras críticas, tensionando aún más las relaciones entre Alemania, Ucrania y Rusia y afectando la política energética del continente.
Las restricciones nocturnas de Starlink dificultaron operaciones militares ucranianas, mientras que la propuesta de Donald Trump de permitir la compra de diésel ruso provocó críticas en la UE y avivó el debate sobre la dependencia energética y la resiliencia frente a la guerra híbrida.
El director del MI5, Sir Ken McCallum, ha señalado que el Reino Unido enfrenta una amenaza creciente y equilibrada entre grupos terroristas y estados como Rusia e Irán, además de los riesgos emergentes de la inteligencia artificial, lo que obliga a replantear las prioridades de seguridad nacional.